En Latinoamérica, además del vírus, luchamos contra la violencia hacia las mujeres y personas LGBTQIA+

Nosotres, desde el Comité Global de Asesorxs de la región América Latina de FRIDA | El Fondo de Feministas Jóvenes, llamamos la atención este 25 de Noviembre sobre una emergencia regional por feminicidios y violencia machista hacia las mujeres y personas LGBTQIA+. Vemos con preocupación el incremento exponencial de casos de violencia contra las mujeres y personas LGBTQIA+ en  el contexto de la pandemia de COVID-19, una crisis que profundiza las condiciones de exclusión, discriminación y violencia estructural presentes de forma constante en Abya Yala. 

Las medidas sanitarias necesarias para reducir los niveles de exposición al contagio del COVID-19 han representado factores de riesgo para les niñes y adolescentes, mujeres y población LGBTQIA+, lo cual se vio reflejado en el incremento de las cifras de violencia en todos nuestros países, a las cuales las instituciones estatales no han logrado dar una respuesta suficiente. 

El período de confinamiento representó para muchas una exposición prolongada a la convivencia con sus agresores, aumentando así el potencial de inseguridad de los espacios privados para las mujeres. Por otro lado, la violencia hacia las niñas y adolescentes las ha expuesto a situaciones de violencia y abuso sexual con características particularmente dramáticas, que podrían relacionarse con el crecimiento de embarazos, producto de situaciones de violencia contra su autonomía sexual, en muchos casos por parte de familiares. 

Las corrientes fundamentalistas han visto en este difícil contexto  una oportunidad para potencializar sus pautas anti-derechos, imponiendo embarazos forzados y culpabilizando a las víctimas de las diferentes expresiones de la violencia de género. Además, ante este escenario de profundización de las desigualdades, el peso de la gestión de la crisis recae sobre los hombros de las redes de solidaridad integradas por mujeres que cuentan con pocos recursos, tanto del estado como de cooperantes internacionales. Las organizaciones comunitarias avanzan con obstáculos en la tarea de alimentar a las poblaciones que han quedado sin trabajo o en condiciones laborales inhumanas.

A seguir, les compartimos experiencias desde nuestros territorios:

HONDURAS – Hay más de 15 mil denuncias de violencia doméstica. El gobierno ha ocultado esas informaciones. Por otro lado, los movimientos sociales siguen denunciando la situación y han apoyado a las víctimas en términos jurídicos y psicológicos. 

NICARAGUA – Durante los últimos 12 años, el Estado ha incumplido con las Leyes, Convenios e Instrumentos Jurídicos Internacionales de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Recientemente, el Observatorio de CDD reportó 69 víctimas de femicidio, 58 de estos crímenes de odio ocurridos en la pandemia de COVID-19. Se ha dejado en total desprotección a miles de mujeres y niñas ante los altos índices de impunidad. Recientemente se contabiliza que se ha otorgado más de 3.000 indultos a hombres privados de libertad, entre estos, se encontraban sentenciados por los delitos de femicidios en grado de frustración, abuso sexual, violencia sexual, explotación sexual, proxenetismo, entre otros que agravan la vida, la salud y la integridad de cada sobreviviente de violencia de género.

COSTA RICA – Debido a las medidas establecidas para encarar la pandemia, muchas niñas, adolescentes y mujeres adultas son víctimas de situaciones violentas al tener que convivir con personas abusadoras de forma cercana y constante. Por la educación a distancia, muchas de las mujeres madres y cuidadoras se han visto sobrecargadas al tener que asumir una importante parte del peso de la educación formal de les niñes a su cargo, así como un aumento en las labores domésticas que se les adjudican culturalmente. Se ha evidenciado la situación alarmante de cuarterías en las que viven muchas personas en la capital, en condiciones de pobreza y con muy baja calidad de vida. Así mismo, se ha vivido un incremento en las situaciones de xenofobia contra el pueblo nicaragüense. Se cuentan también afectaciones para la vida laboral de las mujeres, por proyectos de ley que podrían llegar a reducir sus posibilidades de trabajo digno y propiciar ambientes de explotación laboral. Las mujeres han tenido que afrontar de forma muy cercana las posibilidades del despido y la reducción de su jornada. Además, las trabajadoras sexuales, las empleadas domésticas y las trabajadoras informales han enfrentado múltiples complicaciones en sus labores debido a las condiciones en las que ahora deben desempeñarse. 

MÉXICO – Uno de los más grandes índices de feminicidios es en México. El escenario incluye fragilidad de las instituciones para hacer frente a las violencias contra mujeres y aumento del número de embarazos de niñas – el país es número 1 a nivel mundial. Existe un refuerzo de discursos naturalizantes sobre roles de género y la doble o triple jornada de trabajo. Los grupos religiosos y conservadores también están aprovechando el momento de crisis para difundir discursos pro-vida, con fuerte perspectiva religiosa. La pandemia dio una permisibilidad de más organización y articulación de esos grupos, sobretodo porque tienen recursos materiales para hacerlo. Importante es evidenciar que una forma de minimizar e invalidar la lucha feminista es llamándonos de locas y exageradas cuando denunciamos los feminicidios, y, por lo tanto, queda en evidencia que no somos ningunas exageradas: nos están abusando, violando, matando en un espacio que se supone debe de ser un espacio seguro, la casa.

COLOMBIA – La Alcaldía de Bogotá y otras alcaldías de diferentes territorios del país implementaron un pico y género para regular la afluencia de personas en espacios públicos, lo cual produjo que las violencias hacia las personas con experiencia de vida trans incrementarán, ya que se les impedía incluso entrar a los supermercados, con la excusa superficial de que su expresión de género no correspondía con su documento de identidad. Claramente estas medidas implementadas reforzaron prácticas transfobicas. Adicional, las atenciones por contagio de COVID-19 a las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual por parte del Sistema de Salud y la Secretaria de Integración Social son precarias y crueles. El Caso de Alejandra Monocuco, en el Barrio Santa Fé, en Bogotá, a quien la dejaron morir sin prestarle la atención digna que merecía es tan solo uno de tantos casos que corrobora que las vidas trans al Distrito y al gobierno Estatal no les importan. Han pasado varios meses y este caso sigue en investigación. Por otro lado, y en relación a las violencias del Estado, el gobierno creó un decreto que dice que las personas obesas no podían salir de casa por su “vulnerabilidad” y riesgo de contagio de COVID-19. En una sociedad gordofóbica, sabemos las múltiples violencias verbales y psicológicas que este tipo de acciones desencadenan. De igual manera, durante la cuarentena, los asesinatos de líderes y lideresas sociales en Colombia, y la represión del derecho a la protesta aumentaron, solidificando así el poder de la extrema derecha en el país.

BRASIL – Entre enero y junio, se registraron 648 feminicidios en Brasil, un aumento del 1,9% respecto al mismo período del año pasado, según el Foro Brasileño de Seguridad Pública. Los asesinatos de personas transgénero aumentaron en un 70% entre enero y agosto de 2020, llegando a 129. El gobierno no cumplió con las recomendaciones de la sociedad civil para proteger a las mujeres y a la población LGBTQIA+ durante la pandemia, lo que incluía medidas como la provisión de refugios seguros y centros de asesoramiento. Además, la administración de Bolsonaro ha impuesto reveses a los casos en que se garante el derecho al aborto legal y seguro, obligando a los profesionales de la salud a notificar a las autoridades policiales cuando asisten a víctimas de violación que buscan ejercer su derecho. En Octubre, junto con Estados Unidos y algunos de los gobiernos más conservadores del mundo, Brasil firmó una declaración internacional contra el aborto. 

ARGENTINA – El contexto de la pandemia pone en evidencia las inequidades que ya existían. Compañeras trans y travestis fueron expulsadas de sus habitaciones y aumentan el número de personas en situación de calle. Añadimos que, según el Observatorio Nacional MuMaLa, en Argentina, una mujer es asesinada cada 32 horas y, desde Enero del 2020, se cometieron 181 femicidios, más comúnmente dentro de su hogar. La parcial implementación de la Ley Micaela – que obligaba a todxs lxs funcionarixs públicos a estar capacitadxs en violencia de género – dio paso a una respuesta insuficiente por parte del estado. De igual forma, ve afectado y agravado por la pandemia el derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito. Siguen muriendo mujeres y cuerpos gestantes por abortos mal realizados. Y también hay muchos casos de interrupción legal del Embarazo (Ley Ive) que no se cumplen, la mayoría en el Norte del país. El 18 de Noviembre el presidente Alberto Fernández presentó un nuevo proyecto de legalización del aborto ante el Congreso. 

CHILE – Un decreto permitió que las personas puedan sacar 10 por ciento del ahorro de la vejez. Por consecuencia, los desafíos de las mujeres que son jefas del hogar incrementaron así como casos de extorsión y violencia financiera. Grupos fascistas también aumentaron, incluso atacando las comunidades originarias, como los pueblos mapuches, y se ha violado también el derecho de manifestación democrática. Al mismo tiempo, lxs chilenxs continuaron tomándose las calles denunciando un estado que no responde ante las peticiones del pueblo y pidiendo un cambio estructural, con una victoria histórica en el plebiscito por una nueva Constitución, asegurándose paridad de género en la Constituinte. 

PARAGUAY – La Fiscalía General de la República registró más de 12 mil denuncias por violencia familiar durante los primeros seis meses del 2020, se incrementó en un 78% las llamadas de pedido de auxilio por violencia y hasta el 10 de noviembre se registraron 30 casos de feminicidios en el país. En el transcurso del año se hicieron públicos varios intentos de transmicidios. Con el cierre de las fronteras, han vuelto al país al menos 22 niñas y adolescentes mujeres víctimas de trata de personas. En ese mismo contexto se ha dado de conocimiento internacional el asesinato de dos niñas de 11 años por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en un operativo contra el grupo armado denominado Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP) el cual fue considerado “éxitoso” por parte del Presidente de la República. Frente a este y otros escenarios que siguen amenazando el derecho a una vida libre de violencia, las mujeres se han hecho escuchar y han visibilizado reclamos, tomando como bandera la causa #AlexaNoEstaSola, de apoyo a una joven que lleva adelante un juicio en contra del cura Silvestre Olmedo, y #EranNiñas, en manifiesto a las niñas asesinadas por el ejército paraguayo.

Por todo el continente de Abya Yala se han agudizado situaciones de desigualdades históricas, impactando en la precarización aún más acentuada del trabajo de las mujeres, en el aumento de la desigual distribución de las tareas de cuidado, y en la terrible realidad del desempleo, especialmente para aquellas personas con empleos informales o las dedicadas al trabajo doméstico.

En un contexto donde la derecha extremista se fortalece desde Colombia a Brasil, Argentina y en Centroamérica, vemos también cómo la resistencia a la violencia patriarcal se ve reprimida, vigilada y aplacada. Encontramos mujeres liderando valientemente las acciones de resiliencia, como las ollas populares, y reorganizándose, creando y construyendo puentes con los obstáculos con los que esta nueva realidad nos enfrenta.

Nosotres, desde el Comité de Asesorxs de FRIDA, hacemos un llamado a la comunidad internacional para tomar acción en contra de la expansión de la violencia contra les niñes, adolescentes, mujeres y personas LGBTQIA+; reconocer el aporte de las mujeres en la gestión de esta crisis y contribuir fortalecer a las organizaciones de mujeres jóvenes en todos los territorios. Además, hacemos un llamado a los organismos de justicia de nuestros países, exhortándoles a dar respuestas adecuadas, concretas y oportunas frente a la ola de violencia que vivimos las mujeres y personas LGBTQIA+ en la región. Resistimos y continuamos en esta lucha, porque el patriarcado #SEVAACAER, lo vamos a echar nosotres y junto a él caerán el capitalismo y colonialismo.

Abajo, compartimos informaciones sobre instituciones a las que se puede acudir para denunciar o solicitar ayuda frente a violencias en algunos de países del continente: