Durante las últimas dos semanas, miles de personas en Colombia han tomado las calles de varias ciudades y municipios, incluidas Medellín, Bogotá, Pasto, Barranquilla y Cali, en protesta contra las reformas tributarias del 2019 y 2021 y el proyecto de ley 10 del 2020 de Reforma a la salud, propuestas por el presidente Iván Duque Márquez, el Ministro y el Viceministro de Hacienda que comulgan con el partido conservador de derecha Centro Democrático. El gobierno sostiene que las reformas tributarias fortalecerían la lucha colombiana contra la pandemia, aunque incluyó aumentos de impuestos para servicios básicos, como energía. Manifestantes también exigen vacunación contra el COVID-19, renta básica universal, respeto a la democracia y a los derechos humanos, desmilitarización en las ciudades, derechos laborales y el cierre del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Pero el Estado ha respondido a las demandas y manifestaciones con una severa represión.
Según la sociedad civil colombiana, al 5 de mayo de 2021, el país había sumado 1708 casos de brutalidad policial, incluso 37 víctimas de homicidio, algunes de les cuales eran adolescentes, 831 detenciones arbitrarias, 110 casos de disparos de armas y 10 mujeres cisgénero y mujeres transgénero víctimas de agresión sexual por fuerzas policiales y militares. Estas son cifras que van en aumento y de las cuales se tienen registro. También hay denuncias de atropellos, torturas y desapariciones forzadas.
Activistas han criticado a los principales medios de comunicación por no informar con precisión y distorsionar la información sobre las protestas, y generar división social, deslegitimarlas, mostrándolas a la sociedad como manifestaciones enmarcadas en actos de violencia «vandálica» por parte de manifestantes.
Las organizaciones de derechos de mujeres de la ciudad de Cali y Bogotá también han denunciado que mujeres jóvenes están siendo detenidas y sometidas a violencia sexual, psicológica y física, como ser arrastradas por el cabello, amenazadas con violación y apalpamiento de sus senos, entre otras agresiones.
Adicional, organizaciones de defensa de derechos humanos en Colombia han denunciado censuras de contenidos explícitos de vulneración de derechos humanos que han sido difundidos en redes sociales, responsabilizan al Estado Colombiano por la violación al derecho a la libre expresión al limitar el acceso de manifestantes a internet como una estrategia para sofocar la disidencia y dificultar la difusión internacional de informes sobre abusos.
Como donante dedicada a apoyar a niñes, mujeres jóvenes, y personas jóvenes intersexuales, trans y queer en el Sur Global, FRIDA | El Fondo de Feministas Jóvenes condena esta violencia sancionada por el Estado colombiano y se solidariza con activistas en la línea de frente que están sufriendo agresión por quienes deberían garantizar sus derechos humanos. Desde Myanmar, hasta Senegal, Polonia, Reino Unido y ahora Colombia, estamos asistiendo a grupos de gente mayoritariamente joven que se manifiestan por la libertad y contra las desigualdades, la opresión y los excesos de abuso de autoridad de gobiernos, pero encuentran violencia, represión, persecución y amenazas.
Hacemos un llamado a nuestres pares de la comunidad filantrópica internacional para que tomen una posición colectiva contra la represión estatal y pongan urgentemente a disposición de les defensores de derechos humanos recursos flexibles para que los utilicen en el cuidado personal y colectivo, la seguridad integral, los esfuerzos de defensa legal, el fortalecimiento de movimientos y visibilidad a los abusos de los derechos humanos.
La comunidad internacional, incluidos los organismos internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como gobiernos extranjeros, deben aumentar la presión diplomática sobre el gobierno colombiano hasta que detenga inmediatamente las violaciones de derechos humanos contra manifestantes.
También hacemos un llamado a los medios internacionales para que presten mucha atención a los acontecimientos en Colombia escuchando y amplificando, en toda su diversidad, las voces de activistas que están en la primera línea física y digital.
Finalmente, además de acceder a las demandas populares de les manifestantes, hacemos un llamado al gobierno de Colombia para que detenga de inmediato el uso excesivo de la fuerza, libere inmediata e incondicionalmente a les manifestantes de la prisión, les retire todos los cargos penales y garantice el derecho a la vida, además de respetar la seguridad y el derecho a la libre protesta, asociación y expresión, así como el acceso a la información.
El COVID-19, que ha causado 75.000 muertes en el país hasta el momento, tiene impactos específicos para ciertos grupos, como el aumento de la violencia contra niñes, mujeres y personas LGBTQIA+, y el crecimiento de las tasas de pobreza y desempleo. En medio de la más grande crisis de salud de los últimos 100 años, es función de las autoridades hacer todos los esfuerzos necesarios para proteger al pueblo colombiano, no actuar contra manifestantes.
Para mantenerse actualizado sobre los desarrollos en Colombia y amplificar los deseos y necesidades de los activistas en primera línea, siga #SOSColombia en Twitter.
